Ley Uber: el freno de mano a la innovación y la competencia

Ernesto Silva, Diputado

Permanentemente, la innovación y el emprendimiento nos sorprenden con nuevas soluciones a problemas cotidianos. Así progresan las sociedades.

Uber, Cabify y otras plataformas de coordinación para el transporte son un gran ejemplo de nuevas soluciones que facilitan la coordinación entre quienes quieren ofrecer transporte y quienes necesitan movilización de un lugar a otro.

Para eso han usado dos motores centrales del progreso: la innovación, incorporando la tecnología y la información para ofrecer soluciones nuevas; y la competencia, para identificar oportunidades después de años en que el modelo tradicional de transporte basado en taxis y buses ha demostrado enormes falencias y debilidades. Bien por la innovación. Bien por la competencia.

La pregunta que surge desde la política pública es cómo acoger este tipo de iniciativas que surgen sin que exista un marco regulatorio especial para su desarrollo. En simple: ¿facilitarles o dificultarles su desarrollo?

Después de meses de reflexión y debate, y de una amplia presión de quienes se ven afectados por la competencia, incluyendo paros nacionales de taxis y violencia contra los choferes de Uber y Cabify, el gobierno presentó un proyecto de ley para definir un marco regulatorio que se adecue a las nuevas formas de transporte remunerado de pasajeros.

¿Cómo cree usted que viene la ley? ¿Ayuda a la innovación y al emprendimiento? ¿O pone barreras y freno de mano a la iniciativa privada creativa? Fórmese su propia opinión. Acá van algunos aspectos de la ley.

Las empresas de transporte privado, como Uber y Cabify, deberán pagar al Estado un «impuesto» por kilómetro recorrido en ciertos horarios y sectores de las ciudades, que serán determinados por un panel de expertos, tal como lo hacen con el valor del pasaje del Transantiago.

Los mismos especialistas del panel podrán limitar la cantidad de kilómetros disponibles para las firmas para evitar congestión, siendo que los taxis también la generan, o en el caso que exista contaminación ambiental.

El dinero obtenido por este impuesto irá a un Fondo para la Innovación del Transporte Remunerador de Pasajeros que financiará proyectos e iniciativas para el gremio de taxistas, por ejemplo, para agregar tecnología a los autos, renovar vehículos, e incluso retribuir el gasto por permisos de taxis que cuestan en torno a $10 millones, por el congelamiento del parque.

Por otra parte, se establece la obligación para las entidades operadoras de plataformas tecnológicas de entregar información sobre viajes al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de modo que ésta pueda ser usada en la gestión del tráfico y en el diseño de nuevas políticas para el transporte remunerado de pasajeros.

Además, se establece la obligación de que los operadores de plataformas tecnológicas entreguen al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones la información relativa a lugares de recogida y bajada de pasajeros, hora y duración de los viajes, y evaluación del viaje, entre otra que facilite la adopción de medidas de movilidad. Esta información es sensible para las compañías que se han creado.

Otra exigencia es que las plataformas de Uber y Cabify deberán tener autos de alto estándar, de acuerdo a los criterios que defina una comisión, cuestión que no se le exige por igual a otros medios de transporte.

A mi juicio, y en base a lo recién expuesto, considero que el proyecto pone un freno de mano a la innovación y a la competencia. En vez de abrir espacios y definir un marco para el desarrollo y potenciamiento de la nueva industria, pone limitaciones y restricciones que benefician a quienes hoy reclaman contra la competencia.

La regulación tomó un mal camino. Así será muy difícil estimular el emprendimiento y la innovación. La actitud debe ser distinta, facilitando -en base a un marco jurídico adecuado y objetivo- el desarrollo de nuevas actividades e iniciativas que beneficien a las personas.

Es de esperar que en la discusión en el Congreso el ejecutivo revise su posición y se abra a una regulación útil, moderna y que contribuya al desarrollo de nuevas innovaciones.