Se debate a diario cómo mejorar la formulación de las leyes y la deliberación en el Congreso. No es una tarea fácil. Algunos centran sus argumentos en el perfil y competencias de los congresistas, mientras que otros sugieren revisar los requisitos de nivel educacional que deben tener los aspirantes al Congreso. A mi juicio, este no es el camino adecuado.

Una forma diferente de abordar el desafío consiste en alterarlas interacciones en el proceso legislativo, aportando nueva información relevante que pueda estar a disposición del Ejecutivo, el Congreso y la opinión pública, con el fin de modificar los incentivos con los que los actores políticos enfrentan el proceso.

En mi experiencia parlamentaria, la calidad y disponibilidad de la información juega un rol crítico. Actualmente, la regla general es que el proceso legislativo cuente con información muy limitada sobre los efectos y consecuencias que un determinad proyecto pueda tener en la economía y la sociedad. Esta falta de información genera incentivos inadecuados para los gobiernos, puesto que pueden promover iniciativas sin tener que hacerse cargo en el debate parlamentario de las posibles consecuencias que tendrán sus propuestas.

Como contrapartida, el Congreso, al enfrentar proyectos del gobierno que implican cambios relevantes, no tiene capacidad analítica para estimar los impactos que esta nueva regulación pueda tener en la sociedad. Tampoco tiene los elementos suficientes para cumplir un rol de contraparte sólida o para configurar un debate conducente a un mejor entendimiento de los temas.

Los últimos años han sido de sucesivas y profundas reformas. En ninguna de ellas la discusión parlamentaria ha contado con informes institucionalizados que estimen los impactos que la nueva legislación tendrá en nuestro país. Sin duda, ha habido sustitutos de informes, a través del rol de las universidades, centros de pensamiento y medios de comunicación, pero ninguno de estos insumos informales ha logrado insertarse en la dinámica de interacción política en el Congreso, en los incentivos que enfrentan los actores del proceso de formación de la ley.

Si hubiera existido el requerimiento de informes de productividad y competitividad al inicio de este gobierno, ¿qué cree usted que habría señalado informes serios de productividad esperada sobre las reformas tributaria, laboral y educacional? En mi visión, habría restringido al Ejecutivo en sus planteamientos y generado algo más de objetividad en la discusión.

Las recomendaciones de organismos como la OCDE sugieren que los estudios ex ante de impacto regulatorio pueden tener un efecto relevante en la discusión legislativa y en la elaboración de nueva regulación.

Atendido lo anterior, en septiembre de 2015 presentamos un proyecto de ley que requiere que toda legislación se presente con un informe sobre los efectos estimados de dicha iniciativa en la productividad y competitividad.

En línea similar a nuestra propuesta, la Comisión Nacional de la Productividad recomendó la presentación de un proyecto de ley que establezca que las leyes y programas de Gobierno, en su etapa de aprobación, contengan una evaluación anticipada (ex ante) de los probables efectos sobre la productividad de la iniciativa.

El ejecutivo recogió las recomendaciones, y en noviembre pasado dictó un instructivo presidencial requiriendo que los proyectos de ley que ingresen al Congreso Nacional provenientes de ministerios del área económica y que involucren aspectos regulatorios sean acompañados de un informe que establezca los impactos en la productividad. A la fecha se han emitido informes de productividad para cinco proyectos de ley: Seguro para acompañamientos de niños, Modernización de la legislación bancaria, Término a la distinción entre obreros y empleados, Protección y tratamiento de datos personales, y Creación del Servicio Forestal Nacional.

Hasta ahora, los informes han sido un aporte a la discusión parlamentaria, y tienen un potencial aún mayor si la opinión pública se hace cargo de sus planteamientos y los recoge en la discusión pública. En su reciente visita a Chile, una misión de la OCDE recomendó institucionalizar esta práctica en una legislación permanente, y no solo en la potestad reglamentaria.

Es de esperar que esta nueva iniciativa se fortalezca e institucionalice en el tiempo, aportando información valiosa a la discusión legislativa, generando incentivos adecuados para el ejecutivo y el Congreso al momento de hacerse cargo de sus planteamientos, y aportando a la opinión pública antecedentes para un debate más informado.

Diputado Ernesto Silva M (Diario El Mercurio) – 26 de Julio 2017