El próximo gobierno, cualquiera que sea su signo, enfrentará una dificultad inédita desde el primer día de su gestión: lidiar con los efectos del más pernicioso programa de reformas estructurales en la historia reciente de Chile, bajo el impulso de la Nueva Mayoría.

Son tantas las maneras —y los terrenos— en que las iniciativas del actual Gobierno han errado en el fondo y la forma que un programa que propusiera corregirlas todas sería políticamente inviable. Sin embargo, nuestro sector tiene la responsabilidad ineludible de hacer todo lo que esté en sus manos para enmendar o replantear al menos las reformas de impacto más profundo y duradero.

En este sentido, el programa de la derecha debe contemplar revisiones a tres grandes políticas de la Nueva Mayoría: las reformas a la educación, al trabajo y al sistema tributario.

En materia educacional, además del lamentable enfoque ideologizado y dogmático, son incontables los ámbitos en que las reformas de este Gobierno han generado más problemas que soluciones, y menos avances que retrocesos. Como no es posible incluirlas todas en un programa que se proyecte a cuatro años de gobierno, se trata de priorizar los aspectos que sean más preocupantes y, a la vez, más políticamente abordables.

Por ejemplo, a nivel de educación básica, se sugiere reponer los mecanismos de selección académica en los liceos emblemáticos; y a nivel universitario, revisar aspectos medulares de la política de gratuidad. En ambos temas ha ido aumentando a escala nacional el consenso respecto de sus efectos negativos, como demuestra la propuesta de un grupo transversal de parlamentarios por revertir el fin de la selección en establecimientos públicos emblemáticos —contraviniendo un eje central de la reforma educacional de la Nueva Mayoría—; y como evidencian tanto los duros cuestionamientos a la gratuidad hechos por muchas universidades, incluyendo algunas estatales, como el creciente escepticismo de la opinión pública ante las pruebas de que el compromiso original será imposible de cumplir por décadas.

La reforma laboral aprobada recientemente también incluye numerosos aspectos perjudiciales para el mundo del trabajo, lo que exige centrarse en un conjunto acotado de ellos, al menos en una primera etapa. Parece imprescindible, por ejemplo, revisar medidas que han tensionado las relaciones laborales, en vez de hacerlas más armoniosas, y que han introducido incertidumbre sobre el mercado del trabajo y sus reglas.

También la reforma tributaria amerita ser revisada en varios aspectos y, como en la educacional, aquí también es posible usar como base de legitimación política y social las críticas en aumento de actores muy diversos, desde expertos tributarios al ex director del SII, o desde los gremios empresariales a partidarios del actual oficialismo y ex altas autoridades de la Concertación. Asimismo, también es aquí es preciso concentrar las propuestas en un número limitado de problemas susceptibles de ser enfrentados con éxito por un Gobierno de derecha en un mandato de cuatro años.

Junto con estas críticas, un argumento central de la propuesta de “contrarreforma” tributaria debe ser que la impulsada por la Nueva Mayoría falló —por equivocada, ideologizada e improvisada— en su propósito de fondo: recaudar suficientes recursos para financiar la gratuidad universal en la educación superior y reducir la desigualdad.

Es importante destacar que los planteamientos de la derecha en todas estas materias no se reducen a corregir o revertir las reformas de la Nueva Mayoría, pues el sector también tiene sus propias ideas para la educación, el mundo laboral y el sistema tributario. No obstante, los efectos nocivos de dichas reformas han sido de tal magnitud, que nuestro sector tiene la obligación política y moral de aliviarlos en la medida de lo posible. Este debe ser un claro mensaje y un eje rector de nuestra propuesta programática de futuro.