Ya van 22 días de huelga de los trabajadores de Escondida. Hasta ahora los costos superan los US$400 millones, además del impacto en la producción de más de 63.000 toneladas de mineral y bloqueos de caminos, entre otros. A diferencia de otras huelgas, ésta se da en un contexto de una baja significativa del precio del mineral en los últimos años y un alza en los costos de operación, lo que ha redundado en menores ingresos para la minería y menor recaudación fiscal. En el fondo, observamos un conflicto similar a otros previos, pero con un contexto económico fuertemente debilitado.

Analistas han señalado que la extensión de esta huelga va a tener un impacto en el crecimiento económico del país en 2017, y estaría teniendo un efecto relevante en el precio del cobre. Adicionalmente, las cifras de desempleo han crecido en el último trimestre y en el último año dio cuenta de una destrucción neta de trabajo asalariados.

En los últimos días se conoció, además, que nuestro país cayó 28 lugares en el ranking de atractivo para inversión minera elaborado por el Frasier Institute de Canadá, siendo superado por Perú.

Todo esto se da en el contexto de la recientemente aprobada reforma laboral, que si bien entra en vigencia en abril, ya ha afectado el ambiente con sus cambios. Podría decirse que la situación de Escondida está teñida por la conflictividad que trae la nueva legislación.

No es primera vez que tenemos una huelga de este tipo, con un alto impacto en el desarrollo de las actividades económicas y en la forma en que se conducen las relaciones entre empleadores y trabajadores. Más allá del legítimo derecho de negociar colectivamente, incluyendo la huelga como opción, es evidente que la paralización produce efectos significativos que van mucho más allá de la empresa y sus trabajadores. Por eso vale la pena preguntarse ¿quién paga los costos de la huelga de Escondida?, ¿quién gana con ella?

Todos los chilenos pagaremos los costos a través de un menor crecimiento, mayor conflictividad, menor recaudación, entre otras consecuencias. Paga también la empresa, que se verá afectada con menores ingresos, costos en su operación, disminución de producción, entre otros impactos. ¿Y qué sucede con los trabajadores? Ellos sufren la consecuencia de no tener el sueldo durante la huelga, pero es justo decir que lo compensan con los “bonos” de término de negociación que suelen utilizarse en mucho de estos procesos. ¿Y los sindicatos? Probablemente ellos sí ganan y captan muchos recursos a través de distintas fuentes, entre ellas la recaudación de cuotas por medio de los trabajadores.

La huelga le está costando muy caro al país y para un grupo importante de trabajadores y dirigentes esto no tiene un costo mayor. ¿Es razonable que haya costos para todo el país y beneficios sólo para algunos?

Esto no está funcionando bien y con la nueva legislación laboral sólo puede empeorar. Esperemos que esta huelga concluya pronto y permita reflexionar sobre la urgencia de avanzar hacia una forma más armónica y constructiva en la definición de las relaciones entre empleadores y trabajadores.

Diputado Ernesto Silva M (Diario Financiero) – 2 de marzo 2017.