«En los últimos años hemos sido testigos de la presentación de importantes reformas legislativas en áreas tan diversas como los impuestos, el mercado del trabajo, la educación, por mencionar solo algunas…»

Todas las políticas públicas producen efectos, no son neutras. Algunas veces producen efectos esperados, otras no.

A pesar de que ha avanzado de forma significativa en el desarrollo e implementación de políticas públicas, nuestro país tiene hoy un bajo estándar de exigencia para la presentación de proyectos de ley y políticas públicas por parte de los gobiernos al Congreso.

En el caso de los Mensajes del Ejecutivo que contengan iniciativas que generan gasto público, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso señala en su artículo 14 que «los fundamentos de los proyectos deberán acompañarse en el mismo documento en que se presenten, conjuntamente con los antecedentes que expliquen los gastos que pudiere importar la aplicación de sus normas, la fuente de los recursos que la iniciativa demande y la estimación de su posible monto».

Esta norma da origen a los informes financieros elaborados por la Dirección de Presupuestos y que el Ejecutivo acompaña a cada proyecto que importa gasto público, señalando el costo total del proyecto y la fuente para financiar dicho gasto.

¿Se dice algo sobre el impacto que puede tener el proyecto en la economía o en el sector que regula? Nada. ¿Se exige señalar el efecto en la productividad que el proyecto puede tener? Nada.

En los últimos años hemos sido testigos de la presentación de importantes reformas legislativas en áreas tan diversas como los impuestos, el mercado del trabajo, la educación, por mencionar solo algunas. ¿Es razonable que los gobiernos -con todas las capacidades y recursos con que cuentan- puedan presentar iniciativas de este tipo sin señalar siquiera cuál es el efecto que esperan que dichos proyectos tengan en la economía y en la actividad nacional? ¿Aparece prudente que un gobierno pueda iniciar reformas significativas sin comprometerse a señalar los impactos esperados y tener que responder por los mismos? La respuesta es no, especialmente cuando las políticas que se pretende implementar son de amplia cobertura y de una larga duración esperada en el tiempo. Esto no es menor, especialmente si consideramos que en 2015 el Ejecutivo ingresó cerca de 100 Mensajes al Congreso Nacional, y ninguno de ellos cuenta con un estudio de impacto esperado.

A raíz de esta situación, ya hace un año planteamos al ministro de Hacienda la necesidad de aumentar el estándar de exigencia a los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo presenta al Congreso Nacional, demandando que además del informe financiero, se incorpore un estudio sobre el impacto esperado en la productividad y en la competitividad. Esto se concretó en la moción presentada con fecha 8 de septiembre de 2015, contenida en el Boletín 10292-07, que se encuentra sin tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara.

Si bien esto constituiría una innovación relevante en Chile, no sería el primer caso en nuestra legislación. En efecto, el «Estatuto PYME», contenido en la Ley Nº 20.416, exige en su artículo 5º una «estimación simple del impacto social y económico que la nueva regulación generará en las empresas de menor tamaño y podrán ser elaborados por la propia Administración».

Así como ya se incluyó el concepto de evaluación ex ante en el caso de las normas administrativas para las pymes, ahora está la oportunidad de definir un nuevo estándar para todos los proyectos de ley.

Es común que este tipo de iniciativas que aumentan la exigencia para los gobiernos queden a la deriva, a la espera de un impulso especial. Afortunadamente, ese impulso llegó.

La Comisión Nacional de Productividad, presidida por Joseph Ramos, señaló -en su informe de marzo recién pasado- como su segunda propuesta la presentación de «un proyecto de ley que establezca que las leyes y programas del Gobierno, en su etapa de aprobación, contengan una evaluación anticipada (ex-ante) de los probables efectos sobre la productividad de la iniciativa. Esta debería definir indicadores y una línea de base que permita verificar y evaluar el impacto efectivo del proyecto una vez implementado (ex-post)».

Llegó el momento de subir el estándar en la formulación de las políticas públicas. Las condiciones están, el consenso existe, el proyecto está, la necesidad es imperiosa. Ahora es el turno del Gobierno. Poner urgencia a la iniciativa y sacarla adelante. Sería un gran beneficio para Chile.

Diputado Ernesto Silva M (El Mercurio) – 7 de Junio 2016.