La propuesta programática de la derecha debe demostrar que el sector se hace cargo de hasta qué punto ha cambiado Chile en los últimos 40 años, en gran medida gracias a diseños institucionales y políticas públicas impulsados por el propio sector.

Son nuestras ideas las que han transformado a Chile en una nación que está ad portas del desarrollo. Y es el distanciamiento con esas ideas lo que ahora está llevando al país por un camino de retroceso, en vez de progreso.

Y precisamente porque esas ideas han generado inmensos beneficios y avances para los chilenos es que ellos ahora tienen otras expectativas como ciudadanos, como electores y como consumidores. Sus niveles de exigencia son mayores y su capacidad de hacerse escuchar también. Avanzamos hacia una sociedad de clase media que tiene otras necesidades y otras ambiciones. Nuestra agenda debe ser de futuro y de progreso para todos.

Esta clase media urbana, cada vez más tecnologizada y globalizada, le otorga gran importancia a la calidad de vida. El entorno en el que viven, estudian y trabajan las personas les importa. Pero la promesa de buen transporte público y más áreas verdes, por ejemplo, además de que la saben incumplida, ya no basta para recoger todas sus aspiraciones. Lo que los chilenos quieren, y lo que se puede promover desde las políticas públicas, son ciudades inteligentes y comunidades activas, espacios que faciliten el encuentro y mejoren la interacción entre los ciudadanos, con fines públicos o privados, sin invadir la esfera de las organizaciones intermedias ni sumando nuevas atribuciones al Estado, sino potenciando el alcance y la influencia de la sociedad civil. Si se trata de calidad de vida y convivencia, el Estado debe sin duda ocuparse —más y mejor— de aspectos del transporte público como los paraderos, los tiempos de espera y los costos del servicio, pero no debe ignorar variables como el hacinamiento o la mala ventilación en los buses, porque ése es un espacio social que impacta en las personas.

En la misma lógica, nuestra propuesta debe comprometerse con la creación de barrios seguros y el control del delito, pero no sólo desde la perspectiva policial y judicial —que no hay que menospreciar, por cierto—, sino promoviendo comunidades activas e integradas que sean territorio poco permeable al delito: bien iluminadas, con buena vialidad, con servicios públicos de calidad, con acceso real a servicios comerciales (cajeros, farmacias, centros de pago, bancos, cobertura celular). Donde la comunidad se fortalece, la delincuencia retrocede.
Este enfoque podría aplicarse a áreas como la educación, la salud, la vialidad urbana y otras que son cruciales para la calidad de vida en una sociedad que se desarrolla para todos sus habitantes.

Por eso también debemos impulsar un enfoque auténticamente moderno y progresista sobre los desafíos que nos plantea el siglo 21, tan distintos en naturaleza y magnitud a los del siglo pasado. Entre ellos destacan la globalización y la inmigración, dos fenómenos de alcance planetario en los que Chile ya está plenamente inmerso, pero para los cuales aún está experimentando respuestas. La derecha debe mostrar un entusiasmo por aprovechar las oportunidades de ambas que sea tan grande como su prudencia para enfrentar los riesgos.

Las pensiones y jubilaciones son otro reto que este siglo les está planteando a los chilenos —como a los habitantes de la mayoría de los países—, cuya esperanza de vida y su etapa laboral activa están prolongándose continuamente gracias a los avances de la ciencia y la tecnología. Nuestro sector debe llevar esta discusión al terreno de la sociedad contemporánea y de futuro, alejándola de los prejuicios y dogmas con que la izquierda ha conducido (y sigue conduciendo) el debate. Las correcciones y perfeccionamientos que a todas luces necesita nuestro sistema actual, por ejemplo, no pueden llevarnos a aceptar como alternativa un retorno al sistema de reparto estatal, probadamente fracasado y regresivo.

Por supuesto que lo anterior no puede ir disociado de nuevos enfoques y políticas en materia de salud pública y privada. En la primera, el desafío es sobre todo lograr que el Estado mejore sus estándares de cobertura, eficiencia y calidad —empezando por construir los hospitales que promete—. En la segunda, se trata de perfeccionar el sistema de isapres, garantizando que efectivamente entrega lo que promete a sus afiliados y que se ajusta a reglas claras. En ambas es preciso abordar materias como la cantidad de especialistas y la incorporación de médicos extranjeros, entre otras, con voluntad política, argumentos técnicos y sin complejos.

En el mundo moderno temas como esos no pueden discutirse en forma aislada, sino como parte de una agenda que se hace cargo de cambios y desafíos en casi todos los ámbitos de la vida en sociedad. Así, la preocupación por las pensiones debe ser un corolario del interés por entender y asimilar los cambios que el siglo 21 ya está trayendo a gran velocidad para la educación y el trabajo.

Nuestro sector debe mostrar por la calidad de la educación una preocupación que ha estado ausente en los últimos años de foco exclusivo en aspectos financieros e institucionales. Junto con revertir las facetas más negativas e ideologizadas de la reforma educacional en curso (ver siguiente subtítulo), la propuesta debe hacerse cargo de un doble desafío estructural: por un lado, los contenidos (mallas curriculares) y estrategias formativas de la educación escolar chilena no han sido adaptados a los cambios del mundo moderno, tampoco el perfil de sus educadores; por otra parte, la educación es cada vez menos una etapa de la vida, y cada vez más un proceso continuo a lo largo de ella. De la misma forma que la profesión u oficio ya no son actividades que se aprendan una vez y se ejerzan durante toda la vida, sino conjuntos de conocimientos y habilidades laborales que no dejan de ampliarse mientras dura la impredecible trayectoria laboral de una persona en un mundo laboral que nunca es estático, sino en permanente fluctuación.