El Diario Financiero 29 Enero 2014 p. 3 Opinión

El paro portuario que vivimos en las últimas semanas fue un paro ilegal. Más allá de las visiones que pueda tener cada uno sobre el mérito de las posiciones planteadas por los trabajadores, por los empresarios y por el Gobierno, la realidad es que el paro fue contra derecho y la forma utilizada para resolver las divergencias fue a través de la presión y el uso de la violencia.

Es normal que en la sociedad existan frecuentes discrepancias sobre los derechos y deberes de las partes en cualquier tipo de actividad, pero para un buen funcionamiento social, necesitamos estar de acuerdo en las instituciones fundamentales para resolver las divergencias. Para esto hemos construido juntos nuestro Estado de Derecho, para definir mecanismos validados que establezcan la forma de resolver conflictos. Las partes disponen del diálogo, la negociación y de herramientas jurídicas que les permiten impugnar ante los Tribunales de Justicia situaciones que no consideren justas o reclamar derechos que no se respeten. Ese era el camino que debía tomarse en este conflicto.
En el caso portuario, la historia da cuenta de muchos procesos complejos de negociación y evolución. En la etapa más reciente, en menos de un año hemos vivido dos conflictos muy significativos, que además de los costos para la economía en general, han implicado un deterioro en la confianza de nuestras instituciones fundamenta les para la resolución de conflictos. En este contexto, es difícil evaluar globalmente el acuerdo alcanzado en los últimos días para resolver el paro ilegal. Es razonable que las partes busquen dar solución a un conflicto que ha generado importantes costos para la economía en general y para el posicionamiento de Chile como país exportador en particular. En lo puntual, es bueno que el paro termine y la actividad retome la normalidad, pero es altamente criticable que la solución se haya generado en un contexto de violencia, de incumplimiento de la ley y con la amenaza de enormes costos para la actividad económica del país.
Cuando está en juego el orden público y el funcionamiento de servicios fundamentales para la comunidad, los gobiernos tienen una tarea muy compleja. Por ello, se entiende la urgencia de resolver los temas latentes, pero al mismo tiempo se requiere mucho cuidado, por las consecuencias futuras que pueden tener decisiones que se tomen hoy.
La solución al conflicto portuario está en proceso de implementación y aún queda camino por recorrer. Nada asegura que se resuelva definitivamente en los próximos días, basta ver lo sucedido en los últimos días. Lo relevante -a mi juicio- es evaluar estas situaciones en un contexto más amplio y general, que involucra el respeto por el Estado de Derecho.
Si como sociedad definimos que ciertos paros son ilegales, ¿por qué toleramos la ilegalidad y no hacemos cumplir la ley que nos rige? ¿Por qué definimos como ilegal una determinada actividad, pero en los hechos la tratamos como si fuera algo diferente y permitido?
La inconsistencia en estos temas tiene costos, y costos relevantes, especialmente el deterioro en la confianza en las instituciones encargadas de resguardar los derechos de las personas. Definir un paro como ilegal y actuar como si estuviera en el marco de la legalidad, es lo mismo que hacer trampa en el solitario.
Es cierto que es muy fácil ser general después de las batallas y que enfrentar estos temas es un desafío de alta complejidad. Se entendería esa crítica si esta fuera una situación aislada. Pero cuando al revisar los últimos meses -y años- se observan los paros portuarios, el prolongado paro de los funcionarios del Registro Civil, cuando se constata de que a pesar de no existir negociación colectiva en el sector público se negocia y se llega a acuerdo con las agrupaciones de trabajadores; entonces tenemos un tema de preocupación e inconsistencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Cuando la inconsistencia entre lo declarado y lo ejecutado en ciertos temas como el sector laboral es constante, entonces es lo mismo que hacer trampa en el solitario. Tal vez se requiere discutir nuevamente y a fondo cómo vamos a enfrentar y resolver conflictos como el paro portuario. Lo que no debe pasar es que sigamos llamando ilegal a un paro y actuemos para resolverlo como si fuera un reclamo normal.

Ernesto Silva, Diputado.